Para poder cambiar efectivamente el curso de la crisis de opioides, una de nuestras mayores prioridades debe ser la integración del tratamiento para la adicción dentro del sistema judicial.
A más de la mitad de las personas encarceladas en Estados Unidos se les ha diagnosticado un trastorno por consumo de drogas, y el 15% de ellas sufren trastornos por consumo de opioides, según un informe reciente (en inglés) de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina (NASEM). Pero son pocos los individuos encarcelados que reciben medicamentos —el estándar médico de tratamiento ampliamente aceptado en la actualidad— para tratar el trastorno por consumo de opioides. De acuerdo con una encuesta citada en el informe de NASEM, la mayoría de los directores médicos de cárceles y prisiones no están al tanto de los beneficios de los medicamentos en el tratamiento del trastorno por consumo de opioides.
La falta de acceso a medicamentos ha tenido consecuencias devastadoras en todos los grupos poblacionales afectados por el trastorno. Para quienes están detenidos o en prisión —que en la mayoría de los casos experimentan abstinencia prolongada sin tratamiento—, las consecuencias al recuperar la libertad pueden ser funestas.
Dado que la mayoría de las personas con trastorno por consumo de opioides no reciben tratamiento durante la encarcelación, es muy probable que recaigan en el consumo cuando retornan a la comunidad. El riesgo de sobredosis es sumamente alto en esas circunstancias, porque probablemente reinicien el consumo a la misma dosis que consumían anteriormente, sin advertir que su organismo ha perdido la tolerancia a los opioides. La prevalencia de heroína contaminada con fentanilo aumenta aún más el riesgo de sobredosis. Un estudio ampliamente citado (en inglés) halló que el riesgo de los expresidiarios de morir en las dos semanas siguientes a la liberación era 12.7 veces más alto que el de la población general, principalmente debido a las sobredosis de drogas.
Una cantidad creciente de estudios muestran los beneficios de iniciar un tratamiento con medicamentos (metadona, buprenorfina o naltrexona) antes de que el individuo salga de la cárcel. Los beneficios incluyen menor consumo de drogas y menor riesgo de muerte por sobredosis, además de un menor riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y mejores desenlaces clínicos en caso de infección por VIH. Una vez reintegrado a la comunidad, el individuo debe recibir apoyo para continuar con el tratamiento, tal como sucede con cualquier persona que sufre de un trastorno por consumo de drogas. Y, por supuesto, para tratar un trastorno por consumo de opioides, en primer lugar es fundamental detectarlo, lo que significa que es importante evaluar a las personas cuando ingresan al sistema judicial.
¿Cómo se puede integrar esa evaluación y los medicamentos para el trastorno por consumo de opioides en el entorno del sistema judicial? ¿Existen tecnologías y estrategias rentables que puedan ser de utilidad? ¿Y cómo pueden interactuar los sistemas judiciales con los proveedores de servicios de salud en forma tal de asegurar que las personas que han estado dentro del sistema judicial continúen con el tratamiento del problema de opioides y de otras comorbilidades médicas cuando retornan a la comunidad?
Para hallar respuestas científicas a estas preguntas, el NIDA está financiando un importante proyecto llamado Justice Community Opioid Innovation Network (JCOIN) (en inglés), que forma parte de la iniciativa HEAL (Helping to End Addiction Long-termSM) de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) (en inglés), un esfuerzo agresivo en el que participan múltiples agencias para acelerar soluciones científicas destinadas a frenar la crisis nacional de opioides.
JCOIN consiste en subsidios a doce instituciones de investigación con el fin de crear una red nacional de investigadores que identificarán estrategias rentables y eficaces para satisfacer las necesidades de las personas que ingresan al sistema judicial y sufren de un trastorno por consumo de opioides o están en riesgo de sufrirlo, y para hallar maneras de diseminar y ampliar el alcance de estas estrategias. Los subsidios se utilizarán en quince estados y en Puerto Rico para evaluar resultados empíricos de intervenciones conductuales y con medicamentos, terapias virtuales y estrategias que proveen un conjunto integral de opciones de tratamiento adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente.
Distribuir en forma eficaz tratamientos para el trastorno por consumo de opioides dentro del sistema judicial les dará a los individuos afectados una oportunidad de recuperarse y marcará una gran diferencia en la reducción de los estragos causados por la crisis de opioides en Estados Unidos. También representará otros beneficios económicos y sanitarios, como mitigar la transmisión del VIH y la hepatitis C y reducir los costos derivados de la reencarcelación y la perturbación familiar, que son mucho más altos cuando el trastorno por consumo de opioides no se trata.
Para ver más información sobre JCOIN y los subsidios otorgados recientemente, consulte NIH establecen red para mejorar el tratamiento del trastorno por consumo de opioides en entornos de la justicia penal (en inglés).