On April 27, 2021, Health Affairs Blog published “Addiction Should Be Treated, Not Penalized” by NIDA Director Dr. Nora Volkow, in English. A Spanish translation is provided below.
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes disparidades raciales en el ámbito de la salud en Estados Unidos. Las comunidades de color del país han sufrido los peores desenlaces durante la pandemia, continúan muriendo a tasas más altas que las personas blancas y sufren desproporcionadamente de una gran variedad de otras enfermedades agudas y crónicas. Estas disparidades son especialmente marcadas en el área del consumo de drogas y de los trastornos por consumo de drogas, donde las enquistadas estrategias de castigo han exacerbado el estigma y han dificultado la implementación de una atención médica adecuada. Hay gran cantidad de datos que demuestran que las personas negras y otras comunidades de color se han visto desproporcionadamente perjudicadas porque durante décadas el consumo de drogas se ha abordado como un delito en vez de como un asunto de salud pública.
Hemos sabido durante décadas que la adicción es un trastorno médico —una enfermedad del cerebro tratable—, no una falla de carácter ni una forma de desviación social. Sin embargo, a pesar de las pruebas abrumadoras que respaldan ese hecho, la drogadicción continúa siendo tratada como un delito. Estados Unidos debe adoptar ahora mismo una estrategia de salud pública para con la drogadicción, en el interés del bienestar de la población y de la equidad sanitaria.
Aplicación desigual de la ley
Si bien las estadísticas varían según el tipo de droga, en general no hay diferencias importantes en el consumo de drogas entre las personas blancas y las personas negras; sin embargo, con frecuencia las consecuencias legales son muy diferentes. Por ejemplo, a pesar de que los índices de consumo de cannabis en ambos grupos son similares, en 2018 las personas negras tuvieron casi cuatro veces más probabilidades de ser arrestadas por posesión de cannabis que las personas blancas. De las 277,000 personas encarceladas en el país por una infracción relacionada con las drogas en 2013, más de la mitad (el 56%) eran afroamericanos o latinos, a pesar de que ambos grupos representaban conjuntamente alrededor del 25% de la población del país.
En los primeros años de la crisis de opioides de este siglo, los arrestos por heroína excedieron en mucho los arrestos por el consumo inapropiado de opioides recetados, a pesar de que el uso inapropiado de estos últimos —de consumo predominante entre la población blanca— fue mucho más amplio. Es un hecho sabido que durante la epidemia de cocaína crack, en la década de 1980, se impusieron penalidades mucho más rigurosas para la cocaína crack (o de base libre) —cuyo consumo era más elevado en las comunidades de color urbanas— que para la cocaína en polvo, a pesar de que son dos formas de la misma droga. Estos son solo unos pocos ejemplos de los tipos de discriminación racial que por mucho tiempo se han derivado de la legislación de drogas y su aplicación.
Castigo ineficaz
El consumo de drogas se continúa castigando, a pesar del hecho de que el castigo no mejora los trastornos por consumo de drogas ni los problemas relacionados con ellos. Un análisis realizado por Pew Charitable Trusts no halló una relación estadísticamente significativa entre los índices estatales de encarcelamiento por drogas y tres indicadores estatales de problemas de drogas: el consumo de drogas autorreportado, las muertes por sobredosis de drogas y los arrestos por drogas.
El encarcelamiento, ya sea por drogas o por otros delitos, en realidad genera un riesgo mucho mayor de sobredosis cuando el individuo sale de la cárcel. Más de la mitad de las personas encarceladas tienen un trastorno por consumo de drogas sin tratar, y el consumo de medicamentos y drogas ilegales por lo general aumenta considerablemente luego de un período de encarcelamiento. En el caso de un trastorno por consumo de opioides que no se haya tratado, volver a consumir la droga puede resultar fatal debido a la pérdida de tolerancia que puede haber ocurrido durante la estadía en la cárcel.
Desigualdad en el acceso al tratamiento
Mientras que la crisis de opioides ha generado algunos esfuerzos para alejarse del castigo y abordar la adicción como un asunto de salud pública, la aplicación de un enfoque de salud pública para el uso indebido de drogas continúa teniendo una distribución despareja por raza y etnia. En comparación con las personas blancas, luego de un arresto por drogas las personas negras e hispanas tienen más probabilidad de ser encarceladas que derivadas a un programa de tratamiento.
Además, un estudio realizado en 2018 en Florida halló que las personas afroamericanas que buscaron tratamiento para la drogadicción encontraron importantes demoras en el inicio del tratamiento (entre cuatro y cinco años) en comparación con las personas blancas, lo que ocasionó un mayor avance de los trastornos por consumo de drogas, peores resultados en el tratamiento y mayores índices de sobredosis. Estas demoras no podrían atribuirse solamente al estatus socioeconómico. Hay estudios que demuestran que los jóvenes negros con trastorno por consumo de opioides tienen marcadamente menos probabilidades de que se les prescriban medicamentos para tratar el trastorno (42% menos de probabilidades según un estudio, 49% menos en otro), y los pacientes negros con trastorno por consumo de opioides tienen un 77% menos de probabilidades de recibir el fármaco buprenorfina para tratar la adicción a los opioides.
Un círculo vicioso de castigo
Los efectos perjudiciales del castigo por la posesión de drogas que en forma desproporcionada afecta la vida de las personas negras son muy amplios. El encarcelamiento lleva al aislamiento, un factor agravante del consumo de drogas, la adicción y las recaídas. También aumenta el riesgo de muerte prematura por una gran variedad de causas.
Además de llevar a la encarcelación, el arresto por posesión de incluso una pequeña cantidad de cannabis —un desenlace mucho más común para los jóvenes negros que para los blancos— puede dejar a la persona con un antecedente delictivo que limita enormemente sus oportunidades futuras, como la educación superior y el empleo. Esta carga excesiva de condenas y encarcelamiento por delitos de drogas tiene efectos que se propagan a las familias y a los niños negros. Los padres que son arrestados pueden perder la custodia de sus hijos, y es posible que los niños ingresen en el sistema de protección de menores. Según otro análisis realizado por Pew Charitable Trusts, uno de cada nueve niños afroamericanos (el 11.4%) y uno de cada 28 niños hispanos (el 3.5%) tienen uno de sus padres en la cárcel, en comparación con uno de cada 57 niños blancos (el 1.8%).
Esta situación negativa afianza la pobreza, ya que limita la movilidad ascendente al no permitir el acceso a empleos, vivienda o educación superior, y afecta el derecho al voto. También perjudica la salud de la persona encarcelada, de sus familiares fuera de la cárcel y de su comunidad.
Hacia una estrategia de salud pública
Hace cinco años, las 193 naciones miembro de la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron unánimemente para reconocer la necesidad de considerar los trastornos por consumo de drogas como problemas de salud pública, en vez de castigarlos como delitos penales. Se necesita con urgencia más investigación para establecer la eficacia y el impacto de estrategias basadas en la salud pública como alternativas a la penalización y al castigo, desde tribunales para drogas y otros programas de rehabilitación hasta políticas que eliminen la penalización de la posesión de drogas.
Además de la investigación de políticas, se necesita también una investigación proactiva para abordar las disparidades raciales relacionadas con el consumo de drogas y la drogadicción. Con la crisis de opioides aprendimos que es posible montar grandes iniciativas de investigación con varios participantes —incluidos el sistema judicial (tribunales, prisiones, cárceles) y el sistema de salud— para que cooperen con el fin común de reducir un problema de salud devastador. Con la crisis de COVID-19 aprendimos que el emprendimiento de la investigación puede adaptarse y movilizarse con rapidez para abordar amenazas apremiantes. Estas lecciones pueden aplicarse a la reducción de las desigualdades sistémicas en la forma en que se aborda la adicción y a mejorar el acceso a tratamientos de alta calidad para la drogadicción para todos aquellos que los necesiten, sin importar sus antecedentes ni su raza.
Con esto en mente, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas está redoblando su enfoque en las vulnerabilidades y en el avance del consumo de drogas y la drogadicción en poblaciones minoritarias. Estamos explorando oportunidades de investigación en colaboración con agencias estatales y locales, y con sistemas privados de salud para desarrollar formas de eliminar las barreras sistémicas en el tratamiento de la adicción. También estamos financiando investigaciones sobre los efectos de métodos alternativos de regulación y despenalización de las drogas en lugares del mundo en los que ya están ocurriendo estos tipos de experimentos naturales.
Las personas con un trastorno por consumo de drogas necesitan tratamiento, no castigo, y los trastornos por consumo de drogas deben abordarse con los requisitos incuestionables de calidad en la atención y compasión por las personas afectadas. Con la voluntad y determinación de lograr la igualdad racial en la disponibilidad de tratamiento compasivo y con la capacidad de utilizar la ciencia como una guía hacia modelos más equitativos de estrategias para la drogadicción, considero que el logro de ese objetivo es posible.
Biografía:
La Dra. Nora D. Volkow es directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), el cual apoya la mayor parte de la investigación mundial sobre los efectos que el consumo de drogas y la drogadicción tienen sobre la salud. El NIDA forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).