Este ensayo fue publicado originalmente por STAT el 3 de agosto de 2021.
Nuestro conocimiento de que los trastornos por consumo de drogas son enfermedades crónicas pero tratables ha avanzado mucho desde los días oscuros en que se los consideraba una debilidad de carácter, o incluso algo peor. No obstante, las normas de nuestra sociedad que rodean el consumo de drogas y la drogadicción continúan alimentándose de conceptos erróneos y mitos infundados.
Entre los más perjudiciales se encuentra la creencia —sin base científica— de que el consumo compulsivo de drogas de las personas adictas refleja decisiones deliberadas y repetidas de carácter antisocial o anormal. Esta creencia contribuye a la continua criminalización del consumo de drogas y la drogadicción.
Si bien la actitud con respecto al consumo de drogas —particularmente el consumo de sustancias como el cannabis— se ha modificado en forma significativa en las últimas décadas, el consumo y la posesión de la mayoría de las drogas continúan siendo penalizados. Las políticas punitivas sobre las drogas caracterizan a las personas que las consumen como delincuentes, y al hacerlo contribuyen al abrumador estigma contra quienes luchan contra un trastorno a menudo debilitante y a veces mortal, e incluso contra los tratamientos médicos que pueden abordar el trastorno en forma eficaz.
El estigma tiene impactos negativos sustanciales en la salud y el bienestar, lo que ayuda a explicar por qué solo el 18% de las personas con trastornos por consumo de drogas reciben tratamiento para su adicción. El estigma impide el acceso al cuidado médico y reduce la calidad de la atención que reciben estas personas. A menudo se desconfía de las personas adictas, especialmente de las que se inyectan drogas, cuando se presentan en busca de atención en el departamento de emergencias o visitan a otros profesionales de la salud. Con frecuencia se las trata en forma denigrante y deshumanizante. Y los médicos que tienen una actitud estigmatizante tal vez no les brinden cuidados adecuados y basados en la investigación a los pacientes con adicciones.
Una encuesta nacional reciente de médicos de atención primaria halló que, si bien la mayoría opina que el trastorno por consumo de opioides es un trastorno médico tratable, la mayoría también expresó conceptos estigmatizantes similares a los que se observan en el público en general con respecto a las personas que sufren ese trastorno. Cuanto más estigmatizantes fueron las posturas de los médicos de atención primaria, menor fue el uso de medicamentos para el tratamiento del trastorno por consumo de opioides y menor el fomento de las políticas diseñadas para aumentar el acceso a esos medicamentos.
La estigmatización que perciben las personas con trastornos por consumo de drogas puede hacer que eviten o demoren la búsqueda de atención médica o que oculten el consumo de drogas cuando interactúan con profesionales de la salud. Incluso cuando la atención es confidencial, es posible que un tratamiento residencial o las visitas diarias para recibir tratamiento no pasen desapercibidos y den origen a juicios de valor, especialmente en comunidades que tienen vínculos estrechos. Según la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y la Salud (NSDUH), el miedo a las opiniones negativas de vecinos o integrantes de la comunidad local es uno de los motivos por los cuales las personas que saben que necesitan tratamiento para un trastorno por consumo de drogas no intentan obtenerlo.
El temor a las posibles consecuencias penales por el consumo de drogas puede influir de muchas formas potencialmente perjudiciales en las decisiones que las personas toman sobre su salud. Saber que un individuo consume drogas puede ser información importante que debería considerarse en una visita médica de rutina; ocultar el consumo podría hacer que un médico pase por alto factores importantes de la salud del paciente. En algunos estados, las mujeres embarazadas que tienen trastornos por consumo de drogas corren el riesgo de ser acusadas de abuso infantil o de perder sus derechos parentales si el niño presenta evidencia de exposición prenatal a las drogas o nace con síndrome de abstinencia neonatal. El temor a tales consecuencias del consumo de drogas puede hacer que las mujeres eludan la atención prenatal, el tratamiento y otros servicios muy necesarios.
El estigma contra la adicción se extiende a quienes brindan atención para la afección y a los medicamentos y las medidas de reducción de daños que se emplean para abordarla. Por ejemplo, la metadona y la buprenorfina son muy eficaces para ayudar a las personas a recuperarse de un trastorno por consumo de opioides, pero el prejuicio constante que vincula el uso de medicamentos con el consumo de sustancias nocivas es un factor que evita que las personas reciban tratamiento con estos fármacos.
Si bien el tratamiento de la adicción se está integrando cada vez más con la medicina, ha enfrentado grandes problemas en muchos frentes y requiere superar las barreras creadas por la postura de los proveedores de atención médica, y también los obstáculos que surgen en parte de las leyes de protección de la privacidad, que pueden limitar la recopilación y distribución de información sobre el consumo de drogas ilícitas de los pacientes. Al no preguntarles a sus pacientes si consumen drogas, los médicos pueden no enterarse de información que es importante para su atención. El estigma también contribuye a que las compañías aseguradoras fijen límites restrictivos sobre qué cubrirán en relación con los fármacos utilizados para tratar los trastornos por consumo de drogas.
Para muchas personas, una consecuencia directa o indirecta de un trastorno por consumo de drogas es la vinculación con el sistema de justicia penal. Esa experiencia puede empeorar su adicción y su salud física y mental. Si bien aproximadamente la mitad de las personas encarceladas tienen un trastorno por consumo de drogas, son pocas las que reciben tratamiento. Quienes sufren de un trastorno por consumo de opioides y no reciben tratamiento tienen una gran probabilidad de retomar el consumo de drogas cuando recuperan la libertad, lo que con demasiada frecuencia tiene consecuencias mortales porque su organismo perdió la tolerancia a la droga durante el tiempo transcurrido en prisión. La propia encarcelación no solo aumenta la probabilidad de muerte prematura, sino que también tiene un efecto negativo en la salud mental y la adaptación social debido al estigma de haber estado en prisión. Y tiene efectos que se propagan: la encarcelación de uno de los padres aumenta el riesgo de consumo de drogas en los hijos, por ejemplo.
Las investigaciones han demostrado repetidamente que cuando las personas interactúan con miembros de un grupo estigmatizado y escuchan sus historias directamente, se produce un poderoso efecto desestigmatizante, más de lo que sucede con la mera educación del público sobre los conceptos científicos que explican el trastorno. Pero si bien son cada vez más las personas en recuperación que hablan abiertamente sobre su consumo en el pasado y su lucha actual para mantenerse sobrias, quienes consumen drogas de manera activa —ya sea por una adicción no tratada, durante un período de recaída o incluso simplemente por decisión personal fuera del contexto de un trastorno de consumo— no tienen la libertad de hacer lo mismo sin temor a sufrir consecuencias legales.
El silencio de quienes viven con trastornos activos de consumo de drogas
—motivado por el estigma asociado con su enfermedad— significa que el público en general no tiene oportunidad de escucharlos ni tiene tampoco oportunidad de reevaluar sus prejuicios, como la creencia de que la adicción es una falla moral o una forma de depravación.
Una respuesta eficaz de salud pública al consumo de drogas y a los trastornos por consumo de drogas debe considerar el espectro actual de políticas que criminalizan el consumo, lo cual constituye una de las mayores formas de estigma impuestas por la sociedad. Además de las investigaciones ya en curso en los Institutos Nacionales de la Salud sobre el estigma y la desestigmatización, es necesario investigar con urgencia los desenlaces positivos y potencialmente negativos asociados con modelos alternativos de políticas que busquen priorizar el tratamiento sobre el castigo, ya que dichos modelos podrían eliminar un gran elemento clave del estigma que rodea el consumo de drogas y la drogadicción y mejorar la salud de millones de personas en Estados Unidos.
La Dra. Nora D. Volkow, psiquiatra y científica, es directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), el cual forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).