Este ensayo también fue publicado por Scientific American el 31 de agosto de 2021.
Las estadísticas provisionales de muertes por sobredosis de drogas en 2020 confirmaron los peores temores en el ámbito de la adicción. En Estados Unidos, el año pasado se produjeron más muertes por sobredosis que en cualquier otro período de un año en la historia del país. Murieron más de 93,000 personas. El aumento con respecto al año anterior también fue el mayor que hemos visto hasta ahora: 30%.
Estos datos nos dicen que algo está mal. En realidad, claman a gritos por un cambio.
Ya no es cuestión de "hacer más" para combatir los problemas de drogas de nuestro país. Lo que estamos haciendo como sociedad —encarcelar a las personas drogadictas, no invertir suficiente en la prevención y la atención médica compasiva— no está dando resultado. Incluso mientras trabajamos para crear mejores soluciones científicas para esta crisis, es más que frustrante —es trágico— ver que no se utilizan las herramientas eficaces de prevención y tratamiento que ya existen.
Los beneficios de proporcionar tratamientos eficaces para el trastorno por consumo de drogas—especialmente medicamentos para el trastorno por consumo de opioides— son ampliamente conocidos. Y así y todo, décadas de prejuicios contra el empleo de fármacos para tratar el consumo de drogas ha limitado grandemente su uso y es uno de los motivos por los que solo el 18% de las personas con trastorno por consumo de opioides reciben medicamentos. La reticencia histórica a proveer estos tratamientos y la renuencia de las compañías de seguros a cubrirlos reflejan el estigma que durante mucho tiempo ha hecho que las personas adictas tengan poca prioridad.
Debemos eliminar la infraestructura y las actitudes que restringen el tratamiento de las personas con trastornos por consumo de drogas. Esto significa hacer que los médicos clínicos puedan proveer medicamentos vitales con mayor facilidad, expandir los modelos de atención —como las tecnologías de salud digital y las clínicas móviles que pueden llegar a las personas allí donde se encuentran— y asegurar que los pagadores cubran tratamientos que dan resultado.
La ciencia del problema es inequívoca: la adicción es un trastorno médico crónico y tratable, no una debilidad de voluntad o carácter ni una forma de anomalía social. Pero el estigma y los prejuicios arraigados desde hace mucho tiempo —incluso dentro del entorno del cuidado de la salud—hacen que los líderes encargados de tomar decisiones en las áreas de salud, justicia penal y en otros sistemas castiguen a las personas que consumen drogas en vez de tratarlas. Esa estrategia puede ser más simple que pedirnos que, como sociedad, tengamos compasión o nos ocupemos de personas que sufren un trastorno devastador, debilitante y, con frecuencia, fatal. Pero el riesgo de encarcelación no frena el consumo de drogas, y mucho menos aborda la adicción; en realidad, perpetúa el estigma y perjudica en forma desproporcionada a los más vulnerables en nuestras comunidades.
Toda solución a nuestra crisis de drogas debe incluir iniciativas de mitigación de daños basadas en la investigación, como los servicios de intercambio de jeringas, ya que se ha demostrado que reducen la transmisión del VIH y la hepatitis C y ayudan a conectar a las personas con tratamiento para la adicción y otras enfermedades. Mientras que el Gobierno federal ha adoptado programas de mitigación de daños basados en la investigación, muchas comunidades continúan resistiendo esas iniciativas con el concepto erróneo de que aprueban o alientan el consumo de drogas. Múltiples estudios independientes han demostrado que no es así. Los investigadores también están evaluando estrategias innovadoras pero históricamente controversiales que se emplean en el extranjero —como los centros de prevención de sobredosis en los que las personas pueden consumir drogas bajo supervisión médica y acceder a otros servicios de salud— para evaluar su relación costo/eficacia y la capacidad de reducir la cantidad de muertes y mejorar la salud.
Parte del fracaso de la estrategia actual para abordar la crisis de drogas surge de la expectativa irrealista de que las personas simplemente deben —y pueden— dejar de consumir drogas. Hay poca preocupación por las personas adictas a menos que hayan dejado el consumo, pero la realidad es que el proceso de recuperación por lo general está marcado por dificultades y recaídas. La compasión, el cuidado y el apoyo deben extenderse a quienes todavía consumen drogas y a quienes retoman el consumo, no solamente a quienes satisfacen los estrictos estándares de abstinencia. Toda persona con un trastorno por consumo de drogas, independientemente de si consume o no drogas en la actualidad, necesita buena atención médica y posiblemente también necesite ayuda de vivienda, empleo y cuidado de niños.
Para impedir que los jóvenes consuman drogas y evitar que las personas de cualquier edad desarrollen trastornos por consumo de drogas, nuestro país debe abordar los factores estresantes de carácter social y económico que aumentan el riesgo de consumir drogas, tales como la pobreza y la inestabilidad habitacional, las escuelas y vecindarios inseguros y otros efectos de una economía cambiante, incluidos el aislamiento social y la desesperanza. Las muertes por sobredosis de drogas son un componente de las "muertes por desesperanza” que, conjuntamente con el suicidio y las enfermedades relacionadas con el alcohol, han hecho descender la expectativa de vida en Estados Unidos, incluso antes de la reducción de 1.5 años en 2020 impulsada mayormente por la epidemia de COVID-19.
En los lugares de acción, las intervenciones basadas en la investigación pueden marcar una gran diferencia: los programas universales de prevención y las intervenciones dirigidas a las familias y jóvenes de mayor riesgo no solo reducen el riesgo de consumir drogas más adelante y desarrollar adicción, sino que también tienen beneficios que se irradian a otros aspectos de la salud física y mental.
Esto plantea una cuestión de voluntad colectiva para invertir en estas medidas. El ahorro a largo plazo en el cuidado de la salud y en costos judiciales puede ser sustancial con relación al costo de las intervenciones preventivas. Pero se trata de inversiones a largo plazo cuyos beneficios tardarán tiempo en verse, y la naturaleza de nuestra sociedad es enfocarse en resultados a corto plazo y esperar efectos inmediatos.
El cambio radical necesario para salvar vidas lleva un largo retraso. Es crucial que los científicos ayuden a los legisladores y a otros líderes a reconsiderar el modo en que abordamos colectivamente el tema de las drogas y su consumo, teniendo en cuenta el conjunto de pruebas que indican qué es lo que efectivamente mejora la salud y mitiga el daño en nuestras comunidades, y financiando investigaciones para desarrollar nuevas herramientas de prevención y tratamiento.